"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Entrevista
José Luis Arlanzón, presidente del CERMI Castilla y León
“Nos están desahuciando de nuestros derechos”
04/12/2012
Gangrena, asfixia y saqueo son algunas de las palabras que el presidente del CERMI Castilla y León pronuncia con un profundo pesar. La situación actual es única, distinta a todas las que ha vivido, producto, según sus palabras, de una mala gestión que está conduciendo, ya no al desmantelamiento sino al saqueo del Estado de Bienestar. Frente a esto, la discapacidad debe recurrir a la unidad, la cohesión, la confianza y la transparencia, para así demostrar la vocación de ser útiles y salir reforzados de esta crisis, asegura Arlanzón.
¿Cómo vivió la marcha SOS Discapacidad celebrada el pasado domingo en Madrid?
Fue realmente emocionante ver tanta concentración de personas y fue una nueva forma de ejercer un derecho del que teníamos poca cultura y poco uso, como es el derecho a concentrarte y manifestarte, una manera muy efectiva de hacerse ver y oír y ya estamos viendo ahora los resultados que está teniendo en los medios y en el día de la discapacidad.
Unos días antes protagonizaron también en su comunidad una marcha de protesta, ¿no es así?
El 22 de noviembre tuvimos también la oportunidad de estrenarnos en este derecho a la movilización y nos concentramos ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno y la consejería de Hacienda. Según los medios, fueron más de 2.000 personas, de las distintas entidades del CERMI. También hicimos público un manifiesto y entregamos a las autoridades correspondientes un escrito denunciando situaciones que se están produciendo como consecuencia de las políticas de recorte.
¿Y todo esto ocurre a pesar de que ustedes mantienen una relación cordial con las administraciones y poderes públicos?
El nivel de interlocución y colaboración del CERMI con las administraciones es cordial y efectivo, somos escuchados y muchas de nuestras propuestas son recogidas en las distintas normativas que se están desarrollando, como la ley de Servicios Sociales, la de Igualdad de Oportunidades, la participación en distintas mesas de trabajo, pero esto no quiere decir que luego nos sintamos cómplices o encubridores de una mala gestión que está conduciendo no al desmantelamiento del Estado de Bienestar, pensamos que esto es una especie de saqueo continuado y ahí tampoco queremos vernos involucrados, una cosa no quiere decir la otra.
Toda esa normativa que la Junta de Castilla y León está impulsando ahora, ¿puedes parecer un pago o compensación a cambio de los recortes?, ¿se aplicará una vez que sea aprobada?
Siempre decimos que España es un modelo de legislación, la más avanzada, la más actual, pero si no tiene una norma reguladora que haga efectivo eso… También somos famosos por eso, por incumplir la normativa, y eso es desgraciadamente una realidad.
Además de la mencionada Ley de Igualdad de Oportunidades y el nuevo modelo de Servicios Sociales, la Junta de Castilla y León ha tomado iniciativas en cuanto al empleo, como es la reserva del 10% de las plazas de oferta pública para discapacidad, ¿cómo valora estas aportaciones?
Bueno, es un poco descabellado ser la comunidad autónoma que más reserva de empleo tiene para personas con discapacidad, un 10%, y que luego no haya convocatoria de empleo público; no tiene mucho sentido. Sí ha habido algún intento de crear dentro de lo que es función pública algunos puestos específicos a personas con graves deficiencias y que sí está dando buen resultado, porque las personas además están demostrando que son muy capaces y muy útiles, demostrando sus altas capacidades frente a sus limitaciones.
¿Cuál es la peor situación que se vive ahora en el mundo de la discapacidad en Castilla y León?
Estamos viendo que las situaciones son muy variopintas en los distintos CERMIS. En Castilla y León no hemos tenido tantas aportaciones como han tenido otras comunidades autónomas, y por lo tanto el choque y el efecto de la crisis no ha sido tan inmediato como ha podido ocurrir en otros territorios. Aquí el problema que tenemos es más bien por los retrasos en el pago de las subvenciones y la obligación de muchas entidades de tener que recurrir a créditos; eso está empobreciendo mucho a las entidades. Y también evidentemente los recortes, que están afectando particularmente a las asociaciones, a las federaciones minoritarias frente a las mayoritarias. En algunas situaciones se ha tenido que cerrar alguna sede, se ha eliminado personal, se han cerrado servicios, es una especie de gangrena, de asfixia.
En estas situaciones en la que se ven afectadas entidades menores, y mayores, ¿es el CERMI el encargado de hacer un frente común, de liderar la causa de la discapacidad?
Sí, en principio el CERMI es una entidad que pretende ser una plataforma unitaria que de valor añadido al sector, al margen de las diferencias y la idiosincrasia de cada una de las federaciones que la integran. Es una organización política representativa de todo el conjunto de la discapacidad.
¿Cuál sería entonces la principal reivindicación del CERMI Castilla y León, la primera necesidad que se plantea de cara al futuro?
De todas estas situaciones de crisis, de todos estos procesos, hay que salir de alguna manera transformados. Lo que no queremos es salir con una grave regresión o una pérdida de derechos importantes. Estamos viviendo una situación atípica, un problema económico grave, y el movimiento asociativo que conocíamos hasta ahora va a salir totalmente transformado. Pero queremos salir reforzados de esta situación. Creo que podemos demostrar que a través de la unidad, de la cohesión de todas las entidades, de la confianza y de la transparencia de todo el sector de la discapacidad, podremos producir esfuerzos y sinergias y utilizar los recursos y avances tecnológicos que tenemos a nuestra disposición e incluso demostrar nuestra vocación de ser útiles, que nos caracteriza al sector de la discapacidad y posiblemente empezaremos a trabajar en redes, a utilizar y optimizar todos los recursos. Tenemos que evitar en todo lo posible que esta crisis nos retrotraiga a épocas de caridad, de beneficencia. Eso sería el mayor temor.
¿Es necesario entonces que las entidades se replanteen algunas de sus principales líneas de trabajo?
Estamos viendo que tenemos que reinventarnos y reconducir nuestras acciones hacia modelos más eficientes. Aunque el modelo que está entrando ahora es el centrado en los derechos de las personas, y queremos que sea así, pero con el colectivo por detrás, que no nos impongan desde la administración cómo tiene que ser ese modelo de derecho centrado en las personas, sino que los propios colectivos, desde nuestra experiencia y nuestra singularidad podamos aportar ideas para que esos derechos sean ejercidos realmente y no se queden en papel.
¿Afronta el futuro con esperanza o con temor y preocupación?
Me preocupa cuando lees noticias como la detención del ex presidente de la CEOE, y eso te da la sensación de que estamos asistiendo, no a un desmantelamiento del Estado de Bienestar, sino directamente a un saqueo. Nos están desahuciando de nuestros derechos, que nos ha costado tantos años conseguir. Vemos cosas muy extrañas, por ejemplo las cifras del paro de hoy, cuando sabes que parte de esas personas que han engrosado la lista del paro pertenecen a los colectivos de atención a personas dependientes… es una política negativa y retrograda. Estamos atenazados, estamos paralizados, salvo esos momentos de alegría y de euforia que tuvimos el pasado domingo, estamos volviendo a la cruda realidad y esa parálisis nos tiene a todos atenazados.
Los Gobiernos deben cumplir mejor su tarea…
Está claro, y hay una serie de compromisos de los que están pasando, hay unas líneas rojas que marcamos en su día y se han sobrepasado, y no puede ser así.